El general (r) Montoya y la precisión de sus instrucciones.

Se le acusa igualmente de “emplear un leguaje violento” de “encubrir excesos” y, con más de 4.000 testimonios recogidos, demuestra la JEP que esas exigencias se replicaron “a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”

Por Alberto Morales Gutiérrez

El universo, que es azaroso por definición, ofrece a veces conjunciones que son difíciles de explicar, y que adquieren también dimensiones simbólicas.

El pasado 29 de agosto, en Chile, el brigadier general del ejército de ese país, Hernán Chacón, con sus 86 años a cuestas, recibió en su residencia de Las Condes, en Santiago, a una comisión de oficiales de la sección de derechos humanos, quienes se presentaron con una orden de captura. El anciano general integraba, con otros seis militares de alto rango, el grupo de siete condenados por el secuestro, tortura y posterior asesinato del mítico cantautor Víctor Jara, en septiembre de 1973. El cadáver de Jara registraba, dentro de otros muchos rastros de barbarie, 44 impactos de bala.

Chacón pidió a los oficiales un momento para ingresar a su estudio a tomar una medicina y, segundos después, se descerrajó un tiro en la cabeza. Habían transcurrido cincuenta años desde cuando cometió su crimen.

En Colombia, el 30 de agosto, menos de 24 horas después de ese suicidio, la JEP imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya, excomandante del ejército colombiano. Es apenas el principio, pues se trata de lo que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz denominan un “subcaso”: 130 “falsos positivos” perpetrados en el oriente antioqueño, mientras era comandante de la IV Brigada, en los años 2002-2003.

Las imputaciones asociadas a su actuar mientras fue comandante del Ejército Nacional, aún no se han hecho. Tampoco las asociadas a su relación con los paramilitares en Antioquia.

El editorial de El Espectador el 31 de agosto pasado, hace referencia a una rueda de prensa convocada por el general, que se encuentra registrada en la imputación de la JEP, en la que “presentó con orgullo y en tono desafiante, otro triunfo de las Fuerzas Armadas de aquel entonces. Dijo que habían dado de baja a dos niñas y tres jóvenes, supuestos guerrilleros del IX Frente de las FARC. Ahora sabemos – dice el editorial – lo que en aquel momento se sospechaba y fue repetido a gritos por las familias de las personas asesinadas: ni las niñas ni los jóvenes eran guerrilleros. Se trató de una farsa, un teatro elaborado para engañar al país…”

¿Qué ocurre en la mente de una persona, que la lleva a convertirse en el motor de una operación criminal de las dimensiones a las que alcanzó a llegar? ¿Qué tipo de pensamientos logran justificar unos hechos tan execrables?

Desde el punto de vista académico, el acto de matar exige, para su interpretación, un análisis adecuado de las circunstancias. De hecho, una es la visión del asesino esporádico y otra la del psicópata. En los textos del derecho penal se habla de las circunstancias, se habla de la víctima, del sujeto agresor, de las consecuencias y los efectos.

Se ha dicho, de igual manera, que la ausencia de moral en el asesino es un convencionalismo que no tiene sustento. Hay que considerar las condiciones sociales, vinculaciones sociales, recorridos vitales, redes de intercambios de obligaciones y reciprocidades, en fin.

Mire usted que hay homicidios por piedad. Se les llama pietísticos u homicidios eutanásicos, y son motivados por la idea de poner fin a los sufrimientos de otro.

Pero este caso particular exige ser mirado en el marco complejo del contexto militar, en donde variables tales como la rigidez de su estructura jerárquica, la idiosincrasia de la vida en los cuarteles, las normas que guían la conducta de oficiales y soldados, desencadenan innegablemente una cultura que podríamos llamar la “cultura de los ejércitos”.

Gravitan alrededor de ella unos principios y unas prácticas y unos argumentos, con unas dimensiones y unas complejidades tales, que han desencadenado, desde las mismas fuerzas armadas, una especialidad de estudio a la que se la llama “la psicología militar”.

Es necesario destacar que los logros clínicos de esta especialidad se han concentrado en los temas puntuales del estrés postraumático por las confrontaciones en el campo de batalla, o la reincorporación a la sociedad luego de amputaciones y otras pérdidas; pero hay un consenso en el sentido de que “el contexto militar no ofrece muchas oportunidades para realizar estudios propios de las ciencias humanas”, porque hay muros que todo lo detienen. La información es restrictiva y la recolección y análisis de datos ofrece dificultades insalvables.

En el principio superior de defender a la nación por encima de cualquiera otra consideración, y en la apelación suprema al patriotismo, parece descansar esa “despersonalización” en la que se escudan los militares acusados de barbarie, para sustentar que el cumplimiento de las órdenes, los exime de cualquier responsabilidad individual. Prima el espíritu de cuerpo.

Hay aspectos que no se pueden perder de vista: en el caso específico de los “falsos positivos” en Antioquia, el general Montoya estaba al mando, en su momento. Era la autoridad más encumbrada en el organigrama de la IV Brigada.

Los registros dan cuenta de afirmaciones macabras que adquieren matices terroríficos si se cierran los ojos y las imaginamos expresadas con gritos, golpes en la mesa y en el tono castrense de rigor: “¡Quiero bajas!”, ustedes “¿no quieren trabajar, o qué?”, “¡va a tocar relevarlos!”, quiero “litros”,“chorros”,“ríos”,“barriles”,“carrotancados’ de sangre”.

Una exigencia que, según registra la investigación, se hacía, incluso, a través de los programas radiales de las fuerzas armadas. Se le acusa igualmente de “emplear un leguaje violento” de “encubrir excesos” y, con más de 4.000 testimonios recogidos, demuestra la JEP que esas exigencias se replicaron “a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate” por la Brigada IV del Ejército.

Fue el desenfreno de ese accionar el que le permitió a Montoya ser convocado por el presidente de ese entonces, el señor Álvaro Uribe Vélez, para asumir la responsabilidad de ser el comandante general de ejército. Montoya se ganó ese cargo a fuerza de muertos inocentes que nada tenían que ver con el conflicto armado.

¿Había actuado como comandante de la IV Brigada de manera autónoma?, ¿inventó él la estrategia de manera inconsulta?, ¿recibió órdenes?. Todo apunta a que la precisión de esas instrucciones fueron dadas desde más arriba. Un desenfreno de muertes inocentes que no pueden considerarse en la perspectiva de la defensa de nación alguna, de la defensa de patria alguna, de la defensa de causa alguna.

Montoya, desde luego no es inocente, como no lo puede ser su jefe, en la cadena de mando. Esta es apenas la punta del iceberg. Al igual que le ocurrió al anciano general Hernán Chacón, Álvaro Uribe Vélez, también de manera inexorable, será alcanzado por la justicia.