¡El reino de la desfachatez!

 Todos ellos, con Lisandro Junco, el director de la DIAN, es decir, el funcionario responsable de los impuestos en Colombia, cuyo nombre aparece en la lista, afirman que toda la información sobre sus empresas está disponible para el público y que no tienen nada que esconder. ¡Desfachatados!

Por Alberto Morales Gutiérrez

El 3 de abril de 2016, hace apenas un poco más de cinco años, el planeta entero se conmocionó con el escándalo de los “Panamá Papers”, que desveló once millones de documentos del gabinete de abogados Mossak Fonseca. Se evidencia allí el entramado de montajes de evasión fiscal y blanqueo de dinero, protagonizado por un sinnúmero de ricos personajes, dentro de los cuales se encontraba una lista de colombianos “ilustres” (¿cómo no iban a estar?) entre los cuales recuerdo a Camilo Gómez, Frank Pearl, Alfredo Ramos Maya, el inefable Alberto Carrasquilla, Darío Arizmendi, en fin.

Mientras en esa época, el ex primer ministro de Paquistán Nawaz Sharif, fue condenado a 10 años de cárcel y el primer ministro de Islandia, Sigmenden Gunnlangsson, tuvo que renunciar (para no citar sino dos ejemplos) nadie en Colombia implicado en el escándalo sufrió el más mínimo impacto. De hecho, Alberto Carrasquilla ha vivido sus mejores años de burócrata en este último período.

Pero, como las actividades oscuras con el dinero no se pueden detener, el escándalo más reciente es el de “Pandora Papers”, que recoge 12 millones de documentos y toca de nuevo a los mismos con las mismas. Ambos casos fueron difundidos a la prensa mundial por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICLJ.

Conocida la noticia, el presidente de la república se apresura a exonerar a todos sus amigos y funcionarios comprometidos, aduciendo que no hay allí nada ilegal. Es larga la lista que se ha dado a conocer hasta ahora: César Gaviria, Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Ángela María Orozco, Enrique Peñalosa, Luis Diego Monsalve, Guillermo Botero, Miguel Gómez, Gina Parody, Isaac Yanovich, Fernando Arango.  Todos ellos, con Lisandro Junco, el director de la DIAN, es decir, el funcionario responsable de los impuestos en Colombia, cuyo nombre aparece en la lista, afirman que toda la información sobre sus empresas está disponible para el público y que no tienen nada que esconder. ¡Desfachatados!

La malicia incorporada a la constitución de ese tipo de sociedades es evidente desde un principio. Lo primero es seleccionar un “paraíso fiscal” para instalarlas. A los paraísos fiscales se les dice también “refugios fiscales” o “guaridas fiscales”, pues se trata de territorios o Estados que ofrecen exenciones totales o reducciones muy significativas de impuestos, para ciudadanos o empresas no residentes en aquellos. Hay una ventaja adicional, tanto más sospechosa: secreto bancario. Nadie va a saber que su dinero está allí.

No es gratuito entonces que los paraísos fiscales operen como el escenario ideal para empresas y personas afectas a la elusión o a la evasión fiscal, tanto como para el blanqueo de los dineros de origen criminal. Esa es una verdad universalmente aceptada.

Y entonces, economistas y analistas financieros que defienden estas prácticas, explican con impaciencia que es que nosotros no entendemos nada, porque las “sociedades offshore” no son ilegales. Su lógica es que, en el escenario del libre mercado, si tu tienes dinero, puedes hacer inversiones en donde te dé la gana. Así, este tipo de sociedades tienen esta denominación, porque se ubican fuera de los límites de tu país. Es hasta divertido descubrir que las sociedades offshore se mueven con solvencia en paraísos como Suiza, las Bermudas, las Islas Caimán, Mauricio, Dublín y Belice, entre otros.

Pero, para hacer bien el mandado, es bueno que esas sociedades se nutran de lo que, con obviedad evidente, los inversionistas llaman “empresas fantasma”, “empresas cascarón” o “empresas pantalla”, cuyos descriptivos nombres se deben a que son el vehículo para la realización de las más diversas operaciones empresariales, sin que ellas mismas tengan activos significativos u operaciones propias. A través de estos cascarones se ocultan los beneficios y ganancias de esas operaciones.

Pueden llorar, patalear, mirarnos a los ojos y jurar que todo lo que hacen es legal, pero ese entramado se alimenta con ejercicios de mala fe manifiesta.

En países como el nuestro, en donde la jurisprudencia se nutre de todos los artilugios que los legisladores se han encargado de crear, para que la corrupción campee, se nutra de “legalidad” y la inmunidad se imponga, es razonable que la banda de desfachatados en el poder se desgañiten diciéndonos: ¡lo que hacemos es legal, es legal, es legal!

Bueno, esta gentuza sabe, de igual manera, que la ética y la ley se mueven en planos diferentes, y esa razón poderosa basta, para combatirlos y derrotarlos.