Como los crímenes de lesa humanidad no prescriben, tengo la sospecha de que Uribe sabe algo que nosotros no sabemos sobre los pasos que puede estar dando la justicia internacional y el derecho internacional humanitario. Hay razones para pensarlo.
Por Alberto Morales Gutiérrez
El larguísimo conflicto armado vivido en nuestro país ha dejado un número aterrador de víctimas cuyas cifras son diversas y confusas. El Observatorio de Memoria y Conflicto documentó 353.531 víctimas, mientras un investigador como Diego Otero Prada da cuenta de 673.930, en un trabajo en el que se cotejan datos de las diferentes fuentes.
Se incluyen víctimas de acciones bélicas, ataques a poblados, asesinatos selectivos, masacres, atentados terroristas, secuestros, desapariciones forzadas, violencia sexual, minas antipersonas, en fin.
Hay una especie de consenso entre los analistas en el sentido de que los habitantes de las grandes ciudades fuimos dados a mirar este estado de cosas como “algo que ocurría en territorios ajenos” , pues la mayor parte del tiempo su impacto más dramático fue en las zonas rurales y en regiones apartadas. Se culpa a los medios de haber banalizado muchos de estos actos pues “los presentaron como parte de un paisaje rutinario” y los hechos más execrables de violencia fueron narrados a través de los boletines de prensa elaborados por las Fuerzas Armadas, de manera tal que esas narrativas terminaron naturalizando la violencia extrema y desencadenado “un régimen moral de permisividad social para su ejercicio”. Es de destacar que las cifras comprometen las acciones y los excesos de todas y cada una de las fuerzas en el conflicto, sin excepción. El ejército nacional, los paramilitares, las guerrillas.
Pero los “falsos positivos” tienen una serie de particularidades que marcan de manera profunda la memoria histórica de esta confrontación. Se trató de ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por miembros de las fuerzas militares, en el período 2002-2008, a través de las cuales “se asesinaron. civiles para presentarlos falsamente como guerrilleros muertos en combate, con el fin de obtener incentivos y mejorar estadísticas de éxito militar”. Todas las víctimas eran jóvenes inocentes procedentes de los cuatro puntos cardinales del país y llevados con engaños a los sitios en donde fueron ejecutados. ¡Gravísimo!
Hasta hace pocos días, La Jurisdicción Especial parta la Paz (JEP), mantuvo la cifra de 6.402 víctimas como el dato oficial de esta barbarie, pero el país fue conmocionado nuevamente cuando la misma JEP presentó un informe de 7.837 víctimas.
Se explicó que las nuevas víctimas surgen como consecuencia de que las investigaciones ampliaron el período de la investigación desde 1990 hasta el año 2016. Así, las 6.402 iniciales corresponden al periodo de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, mientras las 1.435 restantes cubren 18 años de los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. Un promedio de 79 falsos positivos por año.
Aunque a ninguno de ellos puede eximírseles de responsabilidad en estos hechos, es en el gobierno de Álvaro Uribe en donde el fenómeno adquiere la dimensión de una auténtica “Atrocidad masiva”. Un crimen de lesa humanidad. No fue un genocidio, pues no fue una acción dirigida contra un grupo racial, religioso o nacional. Tampoco fue una limpieza étnica. Fue una violencia sistemática que reunió una serie de condiciones únicas.
- Fue un fenómeno macrocriminal. No fueron hechos aislados. La intención era mostrar “resultados engañosos”
- Fue una “instrumentalización de la fuerza pública” contra población civil vulnerable.
- Se diseñaron con premeditación incentivos perversos para premiar la ejecución de esas órdenes.
El pasado 30 de abril, en una entrevista radial, Uribe afirmó por primera vez en un medio masivo, que se había equivocado cuando el 7 de octubre de 2008 afirmó de manera tajante y con la prepotencia del ejercicio del poder, que los cadáveres de unos jóvenes que aparecían como guerrilleros, no aparecían allí porque ellos estuvieran precisamente “recogiendo café”. La explicación es vergonzosa: “La frase que usted dice, la dije porque fue una información que recibía de la Fiscalía de la época” y agregó sin pestañear, “a mí me generaba mucha dificultad, y lo he repetido muchas veces, creer que los soldados y policías de Colombia hacían algo malo queridos amigos. Un país que mejoró tanto en seguridad, que mejoró tanto en reducción de pobreza”.
Para Uribe, la maldad es de los soldados y policías que asesinaban a los jóvenes inocentes sin razón alguna. No había incentivos, no existían órdenes expresas, él nada tenía que ver porque estaba “ocupado” reduciendo la pobreza y mejorando la seguridad. Él jamás llamó a las brigadas militares y comandos a exigir resultados, a presionar para que los números se incrementaran. No, qué va.
Su raciocinio y comportamientos son típicos de esos personajes siniestros que conciben y lideran este tipo de atrocidades. Se ha concluído en torno a ellos que exhiben distorsiones cognitivas y justificaciones ideológicas “que les permiten cometer actos inhumanos sin experimenta remordimientos convencional” . Se autoperciben como seres superiores y especiales, actúan de manera fría, son calculadores (observe usted que todo lo responde refiriendo logros de su gobierno, sea cual sea la pregunta que le hacen) y tienen siempre una justificación ideológica (la salvación de la patria es el marco conceptual de este personaje siniestro).
Carecen de remordimiento y son escandalosamente fríos ante el sufrimiento de los otros. “No estarían recogiendo café”, es una deshumanización total de las víctimas. Lo dijo sabiendo exactamente lo que estaba diciendo y como lo estaba diciendo.
Como los crímenes de lesa humanidad no prescriben, tengo la sospecha de que Uribe sabe algo que nosotros no sabemos sobre los pasos que puede estar dando la justicia internacional y el derecho internacional humanitario. Hay razones para pensarlo. Mire usted que en el año 2004 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó a los tribunales de Ruanda, Yugoeslavia y Camboya, a perseguir “a quienes tuvieran la más alta responsabilidad”, sobre la base de que los crímenes, masacres y persecuciones protagonizadas en esos países hacían imposible “investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables”.
Sé que no es lo más acertado definirla así, pero pienso que “la doctrina del máximo responsable” realmente se abre paso y, para el caso de Colombia, en donde las investigaciones, estudios y análisis sobre lo ocurrido en los últimos cuarenta años han sido exhaustivos, juiciosos, documentados, es fácil observar que la figura siniestra de Álvaro Uribe resulta inocultable en este proceso, con auténtica, irrenunciable y precisa voz de mando; con irrenunciable y preciso volumen. Algo está pasando, o algo va a pasar.
Creo que el título del libro del profesor Andrés Fernando Suárez “El silencio del horror: Guerra y las masacres en Colombia, (Siglo del Hombre Editores 2022) pareciera avizorar un nuevo escenario, un escenario en el que el silencio no va a ser el protagonista precisamente…